Domingo, 25 Junio 2017

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En las últimas horas se conoció que el Tribunal Superior de Ibagué con ponencia de la magistrada Julieta Isabel Mejía negó la acción de tutela que fuera instaurada en contra del Juzgado Primero Especializado por parte del abogado defensor de Orlando Arciniegas, investigado por participar en los desfalcos del contrato de estudios y diseños de las obras para los Juegos Nacionales.

Es de recordar que el abogado Samuel Duarte ha intentado obtener en varias oportunidades la prisión domiciliaria para Orlando Arciniegas pero la misma no fue aceptada o resuelta por parte del Juez Especializado que tiene a su cargo dar lectura del fallo condenatorio, teniéndose en cuenta que la misma duda será resuelta para el día que se lleve a cabo la respectiva audiencia.

Es así como en esta ocasión, el Tribunal insistió que no hubo ninguna vulneración a los derechos fundamentales ya que el Juzgado Primero Especializado realizó la audiencia de solicitud de sustitución de medida de aseguramiento y la cual fuera diferida para el próximo 6 de marzo donde será la lectura del fallo, teniéndose en cuenta que la petición de prisión domiciliaria se otorga solo a quienes se encuentran condenados y Arciniegas Lagos aún se encuentra como procesado.

El defensor del abogado penalista quien se encuentra actualmente recluido en la cárcel 40 de Pereira dentro de sus argumentos manifestó que Orlando Arciniegas fue internado en el Instituto del Sistema Nervioso de Pereira debido a que no estaría comiendo, estaría padeciendo de apnea del sueño y no estaría usando el dispositivo respectivo, llevándolo a estar a punto de suicidarse. 



 
El portal web del elespectador.com dio a conocer en las últimas horas nuevos detalles sobre los desfalcos del contrato 237 del 2013 suscrito con la empresa española Typsa, revelaciones que hiciera durante los interrogatorios el abogado penalista Orlando Arciniegas Lagos y donde ya se han judicializado siete personas como presuntos responsables de haber recibido dádivas por la polémica licitación.

Arciniegas se ha convertido además de Luis Rodrigo Uribe, exgerente de Typsa en Colombia, en una pieza clave para las investigaciones que adelanta la Fiscalía, ya que este con sus detalles ha permitido hilar todo lo ocurrido en la estructuración y dirección de la licitación suscrita entre el IMDRI y la cual fuera obtenida por la empresa española como único proponente, contrato que tuvo un valor de 11 mil 499 millones de pesos, dirigido para realizar los estudios y diseños del parque deportivo y escenarios de la calle 42 en la ciudad.

Es así como El Espectador reveló que el caso inició en el 2013 cuando Arciniegas fuera contratado como asesor del secretario de Hacienda, Oswaldo Mestre en la administración de Luis H. Rodríguez, tiempo donde se explicó que el contrato estaba en manos de las secretarías de Planeación e Infraestructura, pero luego de varias situaciones la responsabilidad quedó en sus manos.

Allí es donde el abogado penalista, recluido actualmente en la cárcel 40 de Pereira, agregó a otro implicado en estos desfalcos y fue el conocido ingeniero Manuel Ovalle, quien fuera el que le presentara a Orlando Arciniegas al señor Wilmer Manchola, el encargado de sugerirle una empresa en Bogotá que estuviera dispuesta a pagar una comisión para que se le adjudicara la licitación, contactando así a Typsa.

De igual forma habló de Oswaldo Mestre, sobre lo que querían hacer y éste aceptó, y quien además fuera quien se opusiera a contarle al alcalde Luis H. sobre lo que estaban intentando realizar y quien además quiso que metieran al negocio al exgerente del IMDRI, Carlos Heberto Ángel, por lo que establecieron que lo que recibieran lo iban a repartir en tres partes.

Fue para mediados del 2013 donde Jorge Orlando Navarrete, exjefe de Licitaciones de Typsa y Carlos Alberto Ramírez, funcionario de la misma empresa, llegaron a Ibagué con Wilmer Manchola, logrando en el encuentro acordar que la empresa española debía realizar un documento donde se expusiera “la convocatoria al proceso licitatorio”, manifiesta El Espectador en su publicación, agregando que es la misma empresa la que debía explicar por qué debían contratarlos, documento que accedió a realizar Typsa por 25 millones de pesos, dinero que fuera cancelado por Manuel Ovalle.

Posteriormente Arciniegas dijo que el pacto entre Wilmer Manchola y Typsa fue de cancelar mil millones de pesos como coimas, dinero que salió del anticipo del contrato, aceptando así el negocio, siendo modificado el pliego de condiciones para beneficiar a la empresa donde se adicionó que tenía más de 25 años de experiencia, conociendo luego de ser adjudicado el contrato a Luis Rodrigo Uribe en Ibagué, donde Arciniegas asegurara que él “fue el encargado de repartir los sobornos y fue en una reunión en Bogotá en las oficinas de Typsa donde se enteró del valor real de las coimas que se habían comprometido a pagar los españoles por mil 800 millones”, afirma el portal de noticias.

Frente a los pagos, El Espectador reveló que el exgerente de Typsa dijo que a Manchola solo se le pagaría 440 millones y que el otro dinero sería repartido entre Arciniegas, Carlos Heberto Ángel y Oswaldo Mestre, determinación que dañara las relaciones entre Orlando y Wilmer, además donde se agregara al proceso Amaury Blanquicet, quien prestara sus empresas para realizar el lavado del dinero producto del pago de dádivas.

Al exgerente del IMDRI se entregaron 300 millones de pesos durante dos reuniones que se habrían realizado en su casa durante diciembre del 2013 y enero del 2014, mientras que a Mestre se le habría entregado 450 millones en efectivo, donde Arciniegas diría que “Mestre dirá que él no tuvo nada que ver en este asunto. Cosa que desde ya manifiesto que es falsa”, agregó el portal de noticias.

Al finalizar la nota, elespectador.com dio a conocer que la Contraloría descubrió que en el contrato por 11 mil 499 millones, había un desfalco de 6 mil 187 millones de pesos, correspondiente a más del 50% de lo cancelado a la empresa española.


ente: elespectador.com
Leer nota completa: Las declaraciones del cerebro del desfalco de los Juegos Nacionales
Luego de conocerse las declaraciones entregadas por Rodolfo Salas, representante de víctimas del IMDRI durante los procesos judiciales que se adelantan por los desfalcos de los Juegos Nacionales, se pronunció en las últimas horas el abogado defensor de Carlos Heberto Ángel, exgerente del IMDRI, rechazando lo dicho.

Es de recordar que Salas haciendo referencia al proceso que se adelanta en contra del exgerente del IMDRI por haber participado en la adjudicación del contrato para los estudios y diseños de las obras para los Juegos Nacionales a la empresa Typsa, asguró que “él no ha prometido ningún bien. Él se allanó al delito de peculado y frente a los otros dos delitos preacordó”.

De igual forma el abogado del IMDRI, manifestó que “la ley le exige que cuando se compruebe que en los hechos hubo un incremento del patrimonio, para celebrar un preacuerdo debe devolver el 50% de ese enriquecimiento en virtud de los delitos”, por lo que “frente a él (Carlos Heberto), se tiene comprobado porque así lo aceptó que recibió una coima de 500 millones de pesos del cual debe devolver la mitad y no obstante, él celebró el preacuerdo con la Fiscalía pero no reintegró ese 50% que le exige la ley”.

Por su parte el abogado Luis Alberto Viana Patiño, defensor de Carlos Heberto, rechazó lo dicho por Rodolfo Salas, asegurando que “respeto la posición del doctor pero cuando uno hace afirmaciones públicas debe estar empapado de lo que dice”, “ahí afirma que Carlos Heberto Ángel se le imputaron cargos por 500 millones de pesos y eso es totalmente falso, la Fiscalía le hizo una imputación por 300 millones de pesos y él aceptó”.

Viana Patiño reiteró además que el exgerente del IMDRI, “ha cumplido, ha colaborado con la justicia, ha evitado el desgaste de la justicia aceptando cargos”, agregando que Salas “no puede salir a los medios hacer afirmaciones totalmente contrarias a la realidad”, pues “estamos a la espera que el Juzgado Quinto Penal del Circuito dicte la sentencia por el delito de peculado y que el Juzgado Sexto Penal del Circuito apruebe o no el preacuerdo que se hizo con relación a los contratos”.

Sobre la devolución de los dineros con el preacuerdo, el abogado Luis Alberto dijo que Rodolfo Salas “está equivocado, él dice que no se puede preacordar y sí se puede preacordar, porque él sabe perfectamente que el delito de peculado conllevó al incremento patrimonial y ahí ya se aceptaron cargos, mientras que para el preacuerdo por la celebración indebida de contrato y el interés indebido de contrato no es necesario reintegrar lo que hubo de apropiación porque el aprovechamiento ya se dio en el peculado y no se puede decir que se va a dar en los contratos”.

Resta entonces según el abogado de Carlos Heberto Ángel que “el juez de conocimiento evalúe el preacuerdo para verificar que no viole los derechos fundamentales y la defensa está segura que el juez va aprobar el preacuerdo porque se hizo de acuerdo a los lineamientos legales”, ya que “después que quede en firme la sentencia condenatoria, se entablará el incidente de reparación integral y eso le corresponderá al representante del IMDRI o del municipio”. 











 
Ante el Juzgado Décimo Penal Municipal con función de control de garantías, fue presentado Carlos Heberto Ángel, exgerente del IMDRI, actualmente recluido en la cárcel de Picaleña respondiendo por varios delitos que hay en su contra luego de haber participado en el desfalco del contrato de estudios y diseños de obras de los Juegos Nacionales.

Durante la diligencia se pudo establecer que esta nueva imputación se trata por la pérdida de un computador que al parecer sería propiedad del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué, el cual debió haber entregado luego de haberse retirado de su cargo desempeñado durante la administración de Luis H. Rodríguez.

Es así como la Fiscalía le imputó al exgerente del IMDRI, el delito de peculado culposo, cargo que aceptara conociéndose que ya había cancelado el costo del mismo, tratándose de un millón 200 mil pesos, por lo que en la diligencia no se llevó a cabo otra solicitud por parte del ente acusador.

De acuerdo a lo indicado, Carlos Heberto Ángel al parecer le había entregado el computador portátil a otra persona pero hasta el momento no se ha podido establecer a quién por lo que se tuvo que realizar la respectiva audiencia en su contra. 




 
En horas de la mañana de este 10 de febrero se llevó a cabo la audiencia ante el Juzgado Octavo con función de control de garantías, para definir la solicitud que hiciera el representante de víctimas del IMDRI, Rodolfo Salas, para suspender la personería jurídica de la empresa española Typsa, vinculada en los desfalcos del contrato de estudios y diseños de las obras para los Juegos Nacionales.

En la diligencia, el despacho judicial hizo referencia a los elementos materiales probatorios aportados por Rodolfo Salas donde se habla de la indagación realizada a Luis Rodrigo Uribe, exgerente de Typsa en Colombia, quien asegurara que siempre mantuvo informados a sus superiores en España de todo los procesos licitatorios, entre ellos a José Luis Arévalo.

Así mismo dio a conocer la juez que la decisión la tomó basándose en que si llegaba aprobar la suspensión de la personería jurídica podría obstruir en el procedimiento metodológico que adelanta la Fiscalía y que además la solicitud se hizo en la etapa de indagación y que la misma debió haber sido durante el proceso de imputación, resolviendo negar la solicitud de las víctimas de suspender la personería de la empresa española.

Frente a la decisión, el abogado del IMDRI, durante la audiencia interpuso un recurso de reposición en subsidio de apelación, asegurando que se pusieron en conocimiento las suficientes pruebas que evidencia la participación de la empresa en los desfalcos del contrato 237 del 2013 para los Juegos Nacionales y que además el Juzgado “debió pedir al ente acusador los elementos materiales probatorios para tomar una decisión y no remitirse a una labor procesal formal”.

Salas manifestó en su declaración que lo que se busca con esta solicitud es “prevenir la continuación de la conducta criminal”, y la solicitud sí se puede hacer durante el proceso de indagación, haciendo entonces un llamado al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que haga frente a lo ocurrido, comparando lo de Typsa con el caso de Odebrecht “donde sí se habrían tomado las medidas necesarias frente a la personería jurídica de la empresa”.



Por su parte, Luis Carlos Bonilla Rico, abogado representante de Typsa, se pronunció frente a la decisión del Juzgado Octavo de Garantías, asegurando que “la decisión se ajusta a la legalidad” y la misma se tomó porque no se habría hecho la solicitud en un estadio procesal pertinente, y que además la misma se determinó porque “los requisitos de motivación tampoco fueron demostrados y aportados por el abogado del IMDRI, por lo que un Juez tenía que actuar con esa decisión”. 













 
Para las 8:30 am de este viernes 10 de enero se tiene prevista la audiencia de lectura de fallo ante el Juzgado Octavo con función de control de garantías para poder establecer si se suspende la personería jurídica de la empresa española Typsa, vinculada en los desfalcos del contrato 0237 del 2013 de estudios y diseños de las obras de los Juegos Nacionales.

Es de recordar que este proceso que viene adelantando del año anterior luego que se solicitara por parte de los representantes de víctimas del IMDRI y la alcaldía, se resolviera la situación jurídica de Typsa frente a las investigaciones que viene adelantando la Fiscalía sobre los desfalcos de los Juegos Nacionales, haciendo la petición que la empresa no sea vista como una víctima, asegurando que ya han sido varios los funcionarios de la misma vinculados en estos procesos judiciales.

Para esta oportunidad se espera conocer entonces la decisión que tome el despacho judicial donde también se había hablado que la solicitud de las víctimas carecía de los requisitos legales, situación que obligó al juzgado suspender la misma hasta esta fecha. 



 
El ex alcalde de Ibagué Jorge Tulio Rodríguez fue nombrado de nuevo hoy en estrados judiciales y no precisamente para condecorarlo. Están pidiendo que lo vinculen al proceso penal por lo que se conoce como el escándalo de corrupción de la fallida construcción de escenarios deportivos de los pasados Juegos Nacionales.

Después de finalizar la audiencia para verificar el avance del principio de oportunidad que quiere obtener Wilmer Manchola Cano, testaferro de Orlando Arciniegas, vinculado en los desfalcos del contrato 0237 del 2013 suscrito entre el IMDRI y la empresa española Typsa, su abogado hizo referencia a los interrogatorios que entregó su defendido donde vinculó conocidos políticos de Ibagué.

Como es de recordar, hace unos días se filtraron algunos correos electrónicos que entregara Manchola Cano a la Fiscalía donde vincula al exalcalde de Ibagué Jorge Tulio Rodríguez por haber presuntamente participado en la adjudicación a Typsa del contrato 0237 del 2013 por un costo de 11 mil 500 millones de pesos para estudios y diseños de las obras para los Juegos Nacionales, sirviendo como un intermediario para obtener información que permitió el montaje de los pliegos licitatorios.

Así mismo se reveló por parte de un arquitecto pereirano, Juan Carlos Rodríguez, que él había sido contactado por el exmandatario de los ibaguereños por medio de una amiga, para pedirle que le ayudara al parecer a estructurar técnicamente el proyecto, el cual habría hecho teniendo un costo de 8 mil 350 millones de pesos, (Leer: Arquitecto pereirano aceptó reunión con Jorge Tulio y Orlando Arciniegas para estructurar pliegos de juegos nacionales).

Frente a estos interrogatorios, el abogado David Teleki manifestó a esta redacción que las declaraciones de su defendido “han sido contundentes, llevadas por el deseo que exista verdad, justicia y reparación”, por lo que ha solicitado “llamar la atención a la Fiscalía, al Fiscal Nestor Humberto Martínez, para que observe lo dicho por Manchola y ordene la apertura de la investigación correspondiente si es que no se ha efectuado en contra de Jorge Tulio Rodríguez”.

De igual forma, Teleki dejó claro que lo que ha dicho su Wilmer Manchola frente a la participación del exalcalde Jorge Tulio “es suficientemente grave” y que ahora no “pueden venir a decir de un día para otro que aquí no ocurrió nada con Jorge Tulio cuando es bien sabido que existe un delito que se llama interés ilícito en contratación”, en el cual habría incurrido el conocido político tolimense.

Dejó claro entonces el abogado que “tiene que aperturarse la investigación y si la Fiscalía no encuentra méritos procederá a archivarla pero dando la oportunidad a las víctimas para que debatan estos aspectos en un proceso, que lo que dice Manchola sea motivo de investigación”, reiterando que Luis H. Rodríguez también fue mencionado pro el acusado y “que las mismas sirvan para aperturar una investigación en su contra”.

Al finalizar, Teleki aseguró que la solicitud la realiza a Bogotá teniendo en cuenta que “Jorge Tulio y Luis H. son gente muy poderosa en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima” y que además porque en la capital de la República “si le van a dar un valor a esas declaraciones y se van a direccionar las investigaciones para que lleguen a buen recaudo”.
 











 
En horas de la mañana de este martes 7 de febrero se llevó a cabo la continuación de la audiencia ante el Juzgado Segundo Especializado de verificación del avance en el posible principio de oportunidad que pueda obtener Wilmer Manchola Cano, uno de los testaferros de Orlando Arciniegas Lagos, investigados por haber participado en los desfalcos del contrato de estudios y diseños de las obras de los Juegos Nacionales.

Al despacho judicial se allegó por parte del Inpec una notificación donde el acusado no quiso asistir a la audiencia prevista para este martes debido a algunos quebrantos de salud, asegurando que venía padeciendo de mareos y dolor de cabeza por lo que se viene realizando un tratamiento desde hace cuatro meses y está próximo a que le realicen un TAC Cerebral para establecer lo que tiene.

Así mismo, se dio paso a la Fiscal Segunda Especializada quien manifestó que se viene adelantando todo lo pertinente para otorgar el principio de oportunidad a Manchola Cano ya que ha venido colaborando con la justicia, haciendo referencia a que se le realizó un interrogatorio el 15 de diciembre del 2016 donde entregó información importante que ya fue enviada a la Fiscalía 22 Especializada que adelanta la investigación matriz.

Así mismo el ente acusador hizo referencia a una reparación económica que fue acordada con los representantes de víctimas del IMDRI y la Alcaldía de Ibagué y procesos que se vienen adelantado por estos días para hacerla efectiva, elementos que fueron analizados en un comité técnico donde previamente se determinó que puede ser viable el principio de oportunidad, el cual será enviado a Bogotá donde deberán dar el visto bueno.

Por su parte, el abogado defensor, José David Teleki, aseguró que frente a la colaboración con la justicia, Wilmer Manchola ha entregado dos declaraciones con información valiosa y además ha puesto a disposición de la Fiscalía celulares, Sim Card y documentos para que se les realicen seguimiento y corroboren todo lo declarado en los interrogatorios.

Frente a la reparación, Teleki dio a conocer que el viernes pasado suscribió una escritura pública de venta para entregar a las víctimas un predio de 46 hectáreas equivalentes a más de 8 mil 300 metros cuadrados, el cual tiene un costo de 331 millones 921 mil 157 pesos, correspondiente a una finca denominada “La Venturosa”, ubicada en Tauramena (Casanare), de la que ya se está haciendo la documentación final para hacer efectiva dicha reparación que corresponde a más del 50% de lo que se habría apoderado Manchola en los desfalcos de los Juegos Nacionales. 













 
Este viernes 3 de febrero se llevó a cabo una audiencia entre la Fiscalía y el acusado Jorge Orlando Navarrete Laverde, ex jefe de licitaciones de la empresa Española Typsa, vinculada en los desfalcos de los estudios y diseños de las obras de los Juegos Nacionales, para suscribir un preacuerdo junto con los representantes de víctimas de la alcaldía y el IMDRI.

De acuerdo a lo manifestado por la Jefe Jurídica de la alcaldía, Gladys Gutiérrez, no se pudo llegar a ningún acuerdo con el acusado ya que en el mismo no se establece el interés del mismo para reparar económicamente a las víctimas, siendo este ya el segundo intento donde Navarrete pretende negociar con la Fiscalía su condena por los delitos que se le viene investigando.

Lo que si se dijo en la audiencia es que el ex jefe de licitaciones ha venido colaborando con la justicia, entregando nuevos detalles de los movimientos que se hicieron para los desfalcos en el contrato 237 del 2013 suscrito con el IMDRI y Typsa y así poder obtener una reducción a su condena.

Es así como luego de analizar el documento, los representantes de víctimas se opusieron al mismo, asegurando que si se llega a otra negociación se debe incluir la entrega de dinero para compensar a las víctimas, pero por el momento sigue en pie la audiencia de formulación de acusación en contra de Jorge Orlando Navarrete, prevista para el próximo 8 de febrero a las 2:30 pm. 



 
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué llevó a cabo la lectura de fallo frente al recurso de apelación que fuera interpuesto por parte del apoderado de Typsa en contra de la determinación que tomara el Juzgado Primero Penal del circuito de negar a la empresa española su reconocimiento en calidad de víctima en el proceso que se adelanta en contra de Orlando Arciniegas.

En el documento, los magistrados aseguraron que el despacho acertó al negar el reconocimiento como víctima de Typsa en el proceso judicial que avanza en contra de Arciniegas Lagos, ya que el apoderado no demostró que la empresa haya sufrido un daño directo o indirecto y que además la Fiscalía tiene elementos para investigar a otros funcionarios que estarían involucrados en actividades delictivas en el contrato de consultoría que se les adjudicara.

Así mismo, el Tribunal manifestó que Typsa estuvo representada por una persona directamente ligada en la comisión de los delitos y que además la empresa con el anticipo del 30% del contrato 237 del 2013 le entregó a Orlando Arciniegas dádivas por mil 440 millones de pesos, dinero del tesoro público, por lo que la Sala confirmó el auto proferido por el Juzgado Primero penal del Circuito el 11 de octubre del 2016.

Por su parte, el abogado de Typsa, Luis Carlos Bonilla Rico, se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Ibagué, manifestando que “como apoderado judicial he concurrido al estrado judicial en busca de verdad, justicia y reparación, por hechos cumplidos por el exgerente general de la empresa, por lo que se pretende demostrar el daño a futuro de la imagen corporativa”.






 
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