Domingo, 25 Junio 2017

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Angie Cañas

Angie Cañas

Comunicadora Social – Periodista con énfasis en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad del Tolima.
Como José Daniel Zapata fue identificado el procesado que fuera presentado ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué con funciones de conocimiento para llevar a cabo la aprobación del preacuerdo suscrito con la Fiscalía por investigaciones que se adelantaban en su contra por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo en menor de 14 años.

De acuerdo a los hechos, esta redacción conoció que ocurrieron desde enero del 2016 en el municipio de Alvarado, donde la menor de 13 años inició una relación sentimental con Zapata, para que luego en el mes de febrero se fueran a vivir juntos a una vereda del mismo municipio.

Según el relato de la menor, sostuvo en varias oportunidades relaciones con el procesado por lo que se iniciaron las respectivas investigaciones en contra de él.

En la audiencia, el Juzgado impartió legalidad al precuerdo suscrito con José Daniel Zapata, dando a conocer que deberá purgar una pena de 15 años de prisión, condena que debe cumplir recluido en la cárcel de Picaleña. 



 
Durante labores de vigilancia por el sector del barrio San Pedro Alejandrino, las autoridades observaron una mujer quien les pidió ayuda porque estaba siendo agredida por su compañero sentimental, llegando al sitio y dando captura al presunto agresor quien se identificó como Jhon Jairo Ortiz González.

Según la denunciante, la pareja sostuvo una fuerte discusión que derivó en que el presunto agresor la atacara a puños, causándole graves lesiones en el rostro por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, mientras que el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía.

Jhon Jairo Ortiz fue presentado ante el Juzgado Segundo con función de control de garantías, donde la Fiscal 64 Seccional le imputara el delito de violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó, siendo dejado nuevamente en libertad, ordenando su desalojo inmediato de la vivienda.
 



 
Los acusados identificados como Jhon Arlinson Otavo Verdú y Jeyson Hely Campos Culma, fueron presentados ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado para llevar a cabo la audiencia de verificación de allanamiento a cargos, teniendo en cuenta que en audiencias concentradas los mismos aceptaron la imputación que les realizara la Fiscalía en su contra.

Durante la diligencia, se pudo establecer que los procesados venían siendo investigados por haber hecho parte del secuestro de José Edwin Oyuela, hijo de un conocido ganadero, en hechos ocurridos el 23 de noviembre del año anterior en la finca Villa María de la vereda Waterloo de Chaparral y quienes le exigían a su progenitor el pago de 70 millones de pesos.

La detención de otro de los responsables identificado como Daniel Enrique Gutiérrez, se dio en un encuentro pactado en la vereda Potrerito de Chaparral luego que acordaran el pago de 13 millones de pesos, operativos que adelantaron agentes del CTI con apoyo del Gaula Militar, momento en el que fue rescatada la víctima, mientras que los otros dos acusados se dio frente a las instalaciones de la Fiscalía de la misma municipalidad.

 Es así como en audiencia, se pudo establecer la verificación del allanamiento de Jhon Arlinson Otavo y Jeyson Hely Campos a los cargos de secuestro extorsivo agravado, por lo que deberán continuar recluidos en un centro carcelario mientras se la lectura del fallo condenatorio en su contra. 



 
Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado fueron presentadas las acusadas identificadas como Aurora Polanía, conocida con el alias de “La Abuela”, Luz Mery Piragua Polanía, alias “La Gorda”, Julieth Alexandra Leal Ferreira y Marisol Meneses Calderón, alias “La Crespa”, investigadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores en la comisión de delitos.

Según la Fiscalía, estas mujeres harían parte de la banda conocida como “Los Libertadores”, un grupo de cerca personas que se dedicaban a la comercialización de alucinógenos como cocaína y marihuana en las canchas de arena ubicadas en el barrio Ciudadela Simón Bolívar primera etapa, información que fuera obtenida en una denuncia ciudadana el 14 de septiembre del 2015.

El denunciante aseguró que esta organización era liderada por alias “El Abuelo”, quien sería el encargado de surtir las ollas ubicadas en ese sector y el cual se abastecía de los alucinógenos en sitios como “La Chuquia”, agregando además que los capturados distribuían las sustancias frente a los niños que juegan allí, escondiendo las papeletas en los huecos de las escaleras y en la zona donde los deportistas se cambiaban, así como también en los contadores de las viviendas aledañas a las canchas.

Gracias a las investigaciones, el ente acusador logró identificar más de 300 eventos en el seguimiento hecho durante abril del 2016 a mayo del mismo año, incautando gran cantidad de alucinógenos y obteniendo declaraciones de los consumidores.

En la audiencia, luego de aprobar el preacuerdo, se determinó por parte del Juez que Aurora Polanía, fue condenada a la pena de 7 años de prisión, Luz Mery a 8 años y 2 meses de cárcel, Julieth Alexandra con una pena de 6 años, y Marisol Meneses con una condena de 6 años, sentencia que deberán cumplir en un centro carcelario y quienes además deberán cancelar cada una multas por mil 351 salarios mínimos legales vigentes. 




 
Luego de varias investigaciones, la Fiscalía logró la identificación de Carlos Andrés Ramírez Rincón,  presunto responsable de un intento de homicidio de una persona el 20 de julio del 2016 en la carrera cuarta entre 30 y 31, librándose así una orden judicial en su contra el pasado 16 de febrero por parte del Juzgado Sexto penal con función de control de garantías, la cual se hizo efectiva en el barrio La Francia por parte de integrantes del CTI.

Según el ente acusador, para el día de los hechos la víctima identificada como Jhon Alejandro Ruíz Sánchez, estaba con su novia en un establecimiento nocturno disfrutando de un partido y después de unas horas, al levantarse al baño se encontró en el sitio a una mujer que sería cliente con su esposo en el taller donde trabaja y quien estaba en compañía con un hombre que no conocía, por lo que decidió saludarla y continuar.

Al salir del baño, relató el lesionado, fue tomado por sorpresa por Ramírez Rincón quien sin mediar palabra le propinó una puñalada cerca al corazón la cual le alcanzó a perforar un pulmón, siendo trasladado a un centro asistencial donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades para salvar su vida.

Es así como en la audiencia realizada ante el Juzgado Segundo penal municipal con función de control de garantías, a Carlos Andrés Ramírez se le imputó el delito de homicidio agravado tentado, demostrando además el ente acusador que éste ya tenía antecedentes por lesiones personales luego que causara lesiones a varias personas, a sus excompañeras sentimentales y hasta su progenitora, por lo que fue enviado a la cárcel de Picaleña. 




 
Con orden judicial expedida el 15 de febrero del presente año por el Juzgado Sexto penal de garantías, se logró la detención en la vereda La Gallera, de Rioblanco de un sujeto identificado como Ismael Cangrejo Devia, investigado por hacer parte al parecer del grupo de las Autodefensas, grupo al margen de la ley en varios municipios del sur del departamento y quien habría participado el actos terroristas y de extorsión.

Cangrejo Devia fue presentado ante el Juzgado Quinto penal con función de control de garantías, donde la Fiscalía dio a conocer que se le venía investigando por haber participado en seis extorsiones tentadas, una consumada, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, homicidio tentado y concierto para delinquir con fines de extorsión, hechos cometidos en Chaparral, Roncesvalles y Rioblanco.

Sobre las víctimas, se pudo establecer que uno de ellos fue en diciembre del año anterior contra el propietario de una pasteurizadora en Chaparral, a quien le exigían el pago de 70 millones de pesos para poder seguir vendiendo leche y al no acceder se le realizaron dos atentados a dos de sus familiares cuando se movilizaban de Chaparral a Rioblanco.

Otro caso ocurrió a un conocido ganadero quien fuera contactado por alias “Mario” presunto integrante de las Autodefensas quien le exigió el pago de 100 mil pesos por cada res que tenía y otros 100 mil pesos por cada hectárea de sus predios, agregando que debía entregar mensualmente la suma de 500 mil pesos como lo venían haciendo supuestamente otros ganaderos y conductores.

Un transportador también fue víctima de esta organización a quien le exigieron el pago de 500 mil pesos para seguir trabajando, dinero que consignó, mientras que a dos fincas del municipio de Chaparral llegaron dos sujetos ordenándoles que no debían vender leche al propietario de la pasteurizadora y que también debían abandonar los predios. Otra víctima fue un ganadero a quien le exigieron el pago de 5 millones de pesos.

Durante la audiencia se estableció entonces, que Ismael Cangrejo, quien al parecer hizo parte de las Farc y ahora integrante de otra organización delictiva, no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía, solicitando en su contra una medida de aseguramiento en centro carcelario. 


 
Gracias a una denuncia ciudadana, la Policía Ambiental llegó hasta un sector popular del municipio de Melgar, donde un sujeto al parecer pretendía comercializar a un animal el cual al ser recuperado se pudo determinar que se trataba de un mono nocturno.
 
Los uniformados procedieron a notificar al hombre sobre el delito que estaría cometiendo por comercializar animales exóticos, por lo que procedieron a dejar el mono a disposición de Cortolima quienes en las próximas horas se encargarán de devolverlo a su hábitat natural.
 
Es así como la Policía ha anunciado que continuarán realizando controles en sitios como terminales y zonas de cargue y descargue para evitar que se sigan comercializando no solo los monos nocturnos sino toda clase de animales exóticos y además han hecho un llamado a la comunidad para que denuncie este tipo de actuaciones. 






 
Durante operativos adelantados por las autoridades en estos días en la capital tolimense, permitieron la captura de varias personas que deberían estar cumpliendo con medidas de aseguramiento por investigaciones que se adelantan en su contra por parte de la Fiscalía.
 
El primer caso fue la detención de Karen Dayana Barrios, detenida en el barrio San Pedro Alejandrino y quien debería estar cumpliendo una detención domiciliaria en el barrio San Simón Parte Baja por investigaciones que tiene por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
 
De igual forma se logró la detención de otra mujer identificada como Nancy Martínez García, investigada por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, siendo detenida en el sector de la Vuelta del Chivo cuando se movilizaba en un bus de transporte público y quien debería estar cumpliendo su medida en el barrio Primavera.
 
Otro detenido fue Jhon Deiby Vasquez Rivera, sorprendido por las autoridades en la Calle 20 con Carrera Segunda y debería estar cumpliendo la medida de aseguramiento en el barrio Nueva Castilla y así mismo se detuvo a Oscar Leonardo Vargas Mayorga en la Calle 27 con avenida ferrocarril, de oficio pintor de muebles y quien deberá permanecer en su vivienda en el barrio Claret.
 
Los anteriores, fueron presentados en el transcurso de la semana ante un Juez con función de control de garantías donde la Fiscalía les imputara el delito de fuga de presos, cargos que los mismos no aceptaron, siendo dejados nuevamente en libertad. 



 
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