Domingo, 25 Junio 2017

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Angie Cañas

Angie Cañas

Comunicadora Social – Periodista con énfasis en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad del Tolima.
En las últimas horas el Coronel Jorge Enrique Páez, director del COIBA de Picaleña, dio a conocer en un pronunciamiento que se logró la recaptura del segundo de los internos de la cárcel que se habían fugado hace aproximadamente dos semanas, esto gracias a labores de inteligencia que se llevaron a cabo en el municipio de Chaparral.

Según el informe, el detenido fue identificado como Víctor Alfonso Lezama Rodríguez, quien fuera el segundo de los dos reclusos del Bloque 1 – Pabellón 9 que huyeran y evadieran las codenas que se habían impuesto en su contra por los delitos de hurto calificado y agravado.

De acuerdo a la recaptura de este sujeto se conoció que se en el municipio de Chaparral gracias a las labores de inteligencia por parte del Instituto Nacional Penitenciario y a las labores investigativas de la Policía Nacional quienes dieron con el paradero de Lezama Rodríguez.

Es de recordar que el sábado pasado también se logró la recaptura del otro recluso quien fuera identificado como Cristian Alberto Gutiérrez Murcia, el cual fue encontrado en la ciudad de Bogotá y el cual fuera devuelto a la cárcel de Picaleña donde ahora deberán afrontar procesos por fugarse y evadir las condenas impuestas en su contra. 











 
Ante el Juzgado Séptimo con función de control de garantías fueron presentados dos sujetos identificados como Alexander Reyes, conocido con el alias de “Panadero” y Rubén Salas Prada, alias “Carnicero”, los cuales se detuvieron en el municipio de Rovira con una orden judicial que fuera expedida en su contra en el presente año.

Según la Fiscalía, los hechos donde se involucraron los detenidos ocurrieron el 26 de agosto del 2011 donde resultara como víctima un joven quien para la época de los hechos tenía 17 años y fue identificado como Yeison Fabián Guzmán, conocido con el alias de “Yeyo”, el cual recibió un impacto de bala en su espalda.

Sobre el caso, se conoció que los progenitores del joven indicaron que el cometía hurtos y que además era consumidor de drogas por lo que para ese día fue abordado en el alto de la Ceiba por los dos sujetos quienes le hicieron el reclamo por una estufa la cual se les había perdido y que al parecer tendría la víctima por lo que lo intimidaron con un arma de fuego y un machete.

Alias “Yeyo” manifestó que quien le había disparado Alexander luego que Rubén Salas no accediera y posteriormente fue auxiliado por la comunidad quienes lo trasladaron a un centro asistencial de esa municipalidad y posteriormente remitido a la capital tolimense donde lograron salvarle la vida.

En la audiencia se determinó que Alexander Reyes y Rubén Salas fueron imputados con los delitos de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas y homicidio en modalidad de tentativa, cargos que no aceptaran, siendo enviados a la cárcel de Picaleña.


 
El imputado identificado como Anderson Devia Sepúlveda fue presentado ante un Juez con función de control de garantías donde se estableciera que actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Picaleña purgando una pena de 36 meses por el delito de hurto.

Según dio cuenta la Fiscalía en esta diligencia, los hechos que se le imputan a este sujeto ocurrieron el 8 de agosto del año anterior cuando funcionarios del Inpec realizaron un registro a las celdas del Centro Carcelario y Penitenciario COIBA de Picaleña, específicamente en la celda 46 del bloque 5, encontraron que Devia Sepúlveda con otros tres sujetos estarían ocultando elementos.

Al verificar los mismos, se logró establecer que se trababa de tres elementos de forma cilíndrica color verde con cables de cobre, que corresponderían a artefactos explosivos de Pentolita, los cuales fueron analizados determinando que estarían aptos para ser activados y ocasionar una explosión con capacidad de destruir. Estos objetos fueron encontrados en la luminaria del habitáculo.

Es así como la Fiscalía imputó el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, partes, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas  a Anderson Devia Sepúlveda, cargos que no aceptó. 




 
Ante el Juzgado Segundo Especializado fue presentado el procesado identificado como Wilfredo Granobles Sánchez, investigado por los delitos de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, luego que fuera capturado en Gaitania por integrantes de la Policía Nacional en junio de año anterior.

Según da cuenta el ente acusador, para el día de los hechos patrulleros de la Policía lo abordaron cuando presentó una actitud sospechosa por lo que le solicitaron un registro, encontrando en su maletín una granada de fragmentación con la que estaría intimidando a la comunidad ya que estaría rondando por varias horas la estación de Policía.

Es así como en la audiencia la Fiscalía dio a conocer que al no tener los suficientes materiales probatorios solicitó la preclusión del proceso judicial que se adelanta en contra de Granobles Sánchez y porque además éste presentaba algunos problemas psicológicos los cuales le han venido tratando desde hace algún tiempo, determinándose así que ya no se continuará con las investigaciones en su contra. 



 
Ante el Juzgado Octavo con función de control de garantías fue presentado el detenido identificado como Julián David Gil Padilla, conocido con el alias de “Krusty”, señalado por la Fiscalía con el delito de hurto calificado y agravado.

De acuerdo al ente acusador, la detención de este hombre se dio en el sector del estadio Manuel Murillo Toro donde las autoridades fueron alertadas sobre una aglomeración de personas que tenía retenido a un presunto asaltante por lo que se movilizaron hasta el sitio, encontrando a la víctima quien manifestó que dos sujetos lo habían atracado.

En su relato, la víctima dio a conocer que cuando transitaba por ese sector de la ciudad, los dos asaltantes lo amenazaron con armas blancas y lo despojaron de su celular el cual valoró en 300 mil pesos, por lo que pidió ayuda de la comunidad quienes lograron la detención de uno de ellos, identificándolo ya que al parecer había sido su profesor.

Es así como en la audiencia, Julián David Gil no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía, siendo dejado nuevamente en libertad. 










 
Por solicitud de la Fiscalía, el Juez 5º Penal Municipal con función de control de garantías aseguró en su domicilio a Maribel del Carmen Rodríguez Tovar, de 53 años, por su presunta responsabilidad en la venta fraudulenta de un lote en la capital del Tolima.

El 7 de febrero de 2015, la hermana de la víctima vio un aviso de venta y los números telefónicos de contacto en el lote que pertenecía a su familiar. Decidió comunicarse y evidenció que un hombre aducía ser el propietario del terreno, que su valor era de $85 millones y podrían visitarlo al día siguiente.

Durante las labores investigativas realizadas, que incluyeron estudios técnicos grafológicos y dactilares, se pudo determinar que la propietaria del inmueble fue suplantada por Rodríguez Tovar.

Igualmente se conoció que se realizaron dos ventas del predio con documentos falsos en la Notaria Séptima de Ibagué, una el 6 de noviembre del 2014 y la otra el 5 de diciembre del mismo año.

El ente acusador le endilgó a María del Carmen Rodríguez Tovar los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y estafa.

Servidores del CTI Tolima capturaron la mujer en el barrio Obrero de la ciudad de Cali (Valle del Cauca) mediante orden del Juzgado 7 Penal Municipal de Garantías.



 
El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, José Joaquín Urbano,  a las 7:30 de la noche, aplazó por segunda vez la audiencia contra el exgobernador Fernando Osorio y el Gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga.

Fue un día de más de 11 horas de audiencia donde la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento y detención intramural contra  Osorio y Barreto.

Igualmente la Procuraduría pidió detención intramural para el Gobernador del Tolima y abogó por domiciliaria con respecto al exgobernador Osorio.

Así mismo, durante una hora cada uno, los abogados de los imputados expusieron alegatos  y documentos en favor de sus clientes.

Será entonces hasta el martes 7 de marzo en el que se defina la suerte jurídica y administrativa de la Gobernación del Tolima.

Todo dependerá de lo que decida el magistrado Urbano quien deberá definir si acepta o no la medida de aseguramiento pedida contra Osorio y Barreto. Y en caso de aprobarla, definirá si es con detención domiciliaria o intramural.

Y es que sobre el medio día el Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Pinzón Martínez,  solicitó medida de aseguramiento y detención intramural contra los imputados.

Así mismo el Fiscal pidió al magistrado Urbano tres horas y media para leer la sustentación de su petición, a lo que el togado accedió.

La diligencia se suspendió por segunda vez para efectos del almuerzo, a la una y treinta de la tarde,  y se reinició a las 3 y 40 minutos.

El Fiscal Pinzón inició sustentando la solicitud de medida de aseguramiento contra el gobernador Óscar Barreto, en la liquidación del convenio con la Secad, de donde se desprende la imputación de tres presuntos delitos,  en seis puntos sustanciales:

1)No verificar el cumplimiento de los requisitos legales del convenio y la adición que habían sido mal suscritos por el exgobernador Fernando Osorio y su ex secretario de educación Alejandro Rozo.

2)Liquidar unilateralmente el contrato sin exigir a la Secap el cumplimiento de las obligaciones en defensa de los recursos del Departamento.

3)No exigir la ampliación de la póliza vencida del convenio, con Liberty Seguros, dejando sin garantías exigibles a la Gobernación frente al incumplimiento contractual.

4)No declarar el incumplimiento de la organización Andrés Bello (Secap) aunque fue advertido por escrito de los detrimentos por parte de los supervisores del convenio.

5) No hacer los balances técnicos y jurídicos al convenio

6) Ejercer parcialidad en el balance económico y financiero favoreciendo la apropiación de los recursos públicos en favor de terceros.


Según el Fiscal Delegado, además del prevaricato y la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, el peculado por apropiación agravado que le imputó al gobernador Barreto asciende a los 1.742 millones de pesos.

Los puntos contra Osorio

En la mañana, después de hora y media Fiscal Delegado, Jorge Hernán Pinzón Martínez, sustentó la imputación de dos delitos al ex gobernador Fernando Osorio Cuenca en los siguientes puntos:

1)Suscribir el convenio 333 del 7 de mayo de 2007 se suscribió el Convenio 336 mediante contratación directa eludiendo licitación pública como lo ordena la Ley 80.

2)Configurarse un contrato de administración de recursos y suministros, que en la práctica significa una tercerización, en vez de un convenio.

3)Haber ordenado un anticipo del 100% del convenio

4)Haber realizado el estudio de conveniencia y la planeación del convenio días después de suscribir el mismo.

5)Adicionar en 900 millones el convenio sin estar contemplado en el cronograma presupuestal.

6)Autorizar por escrito para que su secretario de Educación Alejandro Rozo Gaeth, conforme al memorando 323 del 22 de mayo, no solamente suscribiera el convenio sino que direccionará el mismo así como la adición.

7)La adición, pactada en 1,020 millones de pesos,  superó el 50% el valor inicial del convenio, lo que también viola la ley 80.


Posición de la Procuraduría


El Delegado de la Procuraduría en la Audiencia, el Procurador Judicial número 8, apoyó la solicitud de medida de aseguramiento con detención intramural contra el gobernador Barreto, la calificó de “adecuada”; por el contrario recomendó no hacerlo en el caso del exgobernador Osorio.

El argumento es que Barreto aún ejerce poder en la Gobernación y se observan argumentos sólidos en la acusación de la Fiscalía. En el caso de Osorio el Procurador observó que ya no es funcionario público, no tiene presupuesto a su favor para alterar el proceso, además de ponderar su avanzada edad (70 años), en ese sentido el representante del ministerio público pidió detención domiciliaria.


 
El Fiscal Primero Delegado ante la Corte destapó sus cartas en la audiencia que se cumple a esta hora en el Tribunal Superior de Bogotá.

De lo que ya se conocía respecto a Fernando Osorio, lo nuevo, fue la vinculación que hizo el Fiscal a Alejandro Rozo Gaeth el secretario de Educación de la época (2007) utilizando el término de cómplice en la suscripción del primer convenio con la Cecab y la adición posterior.

Al Gobernador Óscar Barreto, como este portal lo anticipó, le imputó tres delitos: Prevaricato, Celebración de Contratos sin el lleno de los requisitos legales y Peculado Agravado. Posteriormente hablaron los abogados de Osorio y Barreto.

David Grajales (abogado de Fernando Osorio) realizó tres observaciones a lo dicho por la Fiscalía.

Wilson Vallejo (defensor de Barreto) omitió hacer observaciones.

Posteriormente intervino el magistrado, avaló la imputación de la Fiscalía al declararla “clara”, dijo que a partir del momento los acusados adquirían el título de imputados.

Fernando Osorio y Óscar Barreto procedieron a declararse inocentes y a no aceptar cargos.

Finalmente el magistrado sobre las 10:38 declaró un receso de la audiencia.

Lo que sigue es la solicitud de la medida de aseguramiento, la intervención de los abogados defensores y la decisión del Magistrado en el caso.

(Noticia en Desarrollo...)


 
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